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Estas son las millonarias pensiones de invalidez que 4 condenados de Punta Peuco obtienen, estando bien de salud. Se ganan querella

Podríamos entender que a cierto personal del ejército no sólo le gustaba apropiarse de dineros estando en ejercicio, sino también a los condenados por crímenes.

En una nota de El Ciudadano, estos 4 internos del penal de Punta Peuco cobraban estas pensiones por invalidez:

Enrique Neira (pensión por $ 2.605.979)

Patricio Ferrer (jubilación por $ 2.161.406)

Jaime Torres (retiro por $ 1.647.687)

Rubén Fiedler (pensión por $ 1.340.000).

Todas otorgadas por Capredena, hace poco el Consejo de Defensa del Estado (CDE), anunció querella.

Según esta querella:

“estos pensionados no cumplían ni cumplen con los requisitos para haberse acogido a la pensión de inutilidad de segunda clase que les fue otorgada, debido a que no tienen, según sus propios dichos (en la ficha de Gendarmería), ninguna limitación física o mental que les impida desarrollar alguna actividad laboral en completa normalidad”.

De acuerdo a la misma línea, el CDE, se estaría haciendo parte en la investigación por pensiones hacia: Emilio Neira Donoso, ex oficial de Ejército de la CNI; Patricio Ferrer Ducaud, ex oficial de la FACh, y la abogada Patricia Rivera. Asimismo, la querella incluye al ex comandante en jefe de la Fach, Patricio Ríos Ponce, y también contra el general (R) de Brigada Aérea Patricio Franjola.

Segun informa el citado medio, el CDE no solo se quedó con los receptores de las jubilaciones, ya que además presentó querellas contra quienes integraron las comisiones de Sanidad de las tres ramas de las FF.AA. (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), “cuyo diagnóstico dio origen al otorgamiento de pensiones improcedentes y cuya individualización deberá precisar la presente investigación”.

A su vez se consigna que , el Consejo pidió a la fiscalía oficiar a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas para que informe sobre las personas que han integrado las comisiones de Sanidad que declararon la inutilidad de las personas en contra de las cuales se interpone la presente querella.

 

El consejo, además, dirigió su mirada en su acción hacia un tercer grupo de personas, que recibirían pensión de invalidez de segunda clase y que trabajan en el ámbito civil “con mayores exigencias físicas e intelectuales que las que desarrollaban en la institución pública”,  entre ellas: Patricia Rivera Narváez, quien, según el CDE, recibe una pensión de invalidez de segunda clase por la suma de $ 1.700.000, luego de haber desempeñado funciones de abogada de Capredena, mientras desempeña actualmente labores como jueza en el Segundo Juzgado de Familia de Santiago.

 

 

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